San Raymundo Jalpan, Oax. 5 de julio de 2022.- El Congreso local analiza modificaciones al Código Penal del Estado de Oaxaca para establecer como delitos diversos procedimientos médicos que atenten contra la libertad reproductiva de las personas, que incluyen la esterilización forzada, la inseminación artificial no consentida y la disposición de óvulos, espermatozoides y embriones para fines no autorizados.
La legisladora del partido de Morena, Haydeé Reyes Soto, promovió la reforma para integrar estas conductas como ilícitos en materia penal e imponer sanciones de prisión para aquella o aquellas personas que cometan dichas prácticas, pues lesionan los derechos humanos así como la dignidad de las y los oaxaqueños, especialmente de las mujeres, ya que en nuestro estado aún se han registrado la realización procedimientos anticonceptivos permanentes no consentidos o autorizados bajo engaños cuando las mujeres se encuentran en labor de parto.
De aprobarse la modificación, a quien sin el consentimiento informado de la persona mayor a 18 años se le practique la esterilización forzada, se le castigará con hasta siete años de cárcel; a quien disponga de óvulos, espermas o embriones para fines distintos a los autorizados por los donantes, se le impondrán de tres a seis años de prisión y de 50 a 500 días de multa.
También se castigaría la inseminación artificial practicada sin autorización y en el caso de producirse un embarazo, la sanción será de cinco a 14 años de prisión; y si nacen las hijas o los hijos a partir de la realización del procedimiento, la persona responsable pagará también la reparación del daño y los alimentos de éstos y de la madre.
El castigo aumentará hasta en dos terceras partes cuando estos procedimientos se realicen en menores de edad, en personas con discapacidad, o en quienes no comprendan el significado del hecho.
De esta manera, se pretende garantizar el derecho humano de las personas de decidir, libremente y sin ningún tipo de violencia, sobre sus derechos reproductivos.
La iniciativa presentada ante la Diputación Permanente fue turnada para su análisis a las Comisiones Permanentes de Salud, y de Administración y Procuración de Justicia.
